El pasado 31 de diciembre de 2019 expiraba la vigencia del convenio de la Junta de Andalucía con los Registros de la Propiedad de 26 de julio de 1999 para la gestión, liquidación y recaudación de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, a través de 91 Oficinas Liquidadoras una de las cuales está ubicada en Fuengirola.

Estas Oficinas Liquidadoras prestan un servicio cercano y eficiente a los   andaluces. Gestionan los impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones, Donaciones, Vehículos y Embarcaciones, las liquidaciones complementarias, alegaciones, recursos de reposición, tasación pericial contradictoria, aplazamientos y fraccionamiento de pagos, devoluciones de ingresos indebidos y un largo etcétera. Ante la finalización de este convenio, la Junta de Andalucía ha planteado una reforma de éste, que supone de hecho el cierre de facto de 67 oficinas (incluyendo la de Fuengirola) y la reducción de competencias y servicios de todas ellas.

A partir de ahora solo son 24 oficinas en toda Andalucía las que tendrán las competencias de información, asesoramiento y comprobación de valores de los bienes tanto muebles como inmuebles. Las 67 oficinas restantes, entre las que se encuentra la oficina de Fuengirola, serán meros registros de entrada (oficina-buzón). Además, las oficinas reducen el horario de atención al público y obligan al contribuyente a pedir cita previa para ser atendido, así como dejarán de prestar el servicio de asesoramiento para realizar la declaración del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como venían haciendo.

Es una reforma que en lugar de acercar los servicios públicos a la ciudadanía los aleja, empobreciendo aún más a las zonas rurales, donde se agrava el problema al tener que desplazarse una gran distancia para realizar las gestiones, población además que suele ser de una edad media avanzada y sin acceso telemático para realizar las gestiones, así como con problemas de transporte, que se ven obligadas a pedir ayuda o contratando a terceros para tramitar sus obligaciones tributarias, pudiendo por ende, elevar el coste injustamente de sus realizar sus obligaciones tributarias” ha lamentado la Diputada Emilia Mañas.

Aunque reconviertan la oficina de Fuengirola (junto con las otras 66 del resto de Andalucía) en oficinas-buzón para la recogida de la documentación, la realidad es que no se podrán realizar trámites de comprobación de liquidaciones de impuestos como el de Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. “Una decisión completamente incoherente, por mucha reforma fiscal que se haga, ya que hay que seguir realizando las declaraciones y pagando los tributos, incluso las que estén bonificadas y no tienen que pagar tienen la obligación de presentar declaración” ha aclarado Mañas.

Esta reforma es un auténtico atropello, que está siendo muy cuestionado por registradores/as y empleados/as de los Registros de la Propiedad, contribuyentes y responsables municipales. Una reforma que en lugar de acercar los servicios públicos a la ciudadanía los aleja, empobreciendo aún más a las zonas rurales” ha manifestado el Portavoz Socialista, David Álvarez.

Lo cierto es que se trata de una decisión “injustificada” como ha aclarado Álvarez, aunque el Consejero de Hacienda la intente defender argumentado que “a menos impuestos, menos recaudadores”, cuando lo cierto es que los impuestos no han desaparecido y hay que seguir realizando las declaraciones y pagando los tributos, incluso las que estén bonificadas y no tienen que pagar tienen la obligación de presentar declaración.

Desde el PSOE proponen el rechazo de esta propuesta del gobierno de derechas de la Junta de Andalucía, y lo hacen a través de una moción que se defenderá en pleno. En ella, además, instan a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta a que firme un nuevo convenio con los Registradores de la Propiedad que garantice el mantenimiento de las 91 oficinas liquidadoras andaluzas, así como mantener los puestos de trabajo.

 

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